En los últimos años, los temas vinculados con la articulación productiva han tenido una amplia difusión, ya por fines investigativos o mediante experiencias diseñadas y/o implementadas por el Gobierno Central, en algunos casos con apoyo de organismos internacionales cuyas finalidades incluyen el fomento de iniciativas de carácter productivo y/o que apuntan a la diversificación productiva de nivel local como una forma de mejorar las acciones y las opciones dirigidas en pro del desarrollo de las comunidades más carenciadas.
Hasta la década del ochenta, se construían políticas fuertemente vinculadas al sector manufacturero. Más allá de los argumentos económicos contra esa concepción de la política industrial y de los cambios que se han producido en nuestro país a propósito de su ingreso acelerado a un contexto de globalización, de economías abiertas y de producción a gran escala, la oposición de los agentes políticos que propiciaron el modelo económico característico de la década siguiente consolidó un estereotipo que resaltaba el conflicto entre políticas desarrollistas versus políticas neoliberales (Pérez, 2005).
Los frágiles impactos obtenidos en términos de un desarrollo más equitativo y sostenible en el pasado reciente constituyen un llamado de alerta e invitan a diseñar políticas innovadoras que tengan en cuenta la complejidad del territorio, su heterogeneidad estructural y su dinámica económica y social. Las políticas de apoyo a la articulación productiva, al incorporar lecciones de experiencias que dejan de lado las visiones simplistas, han generado consenso aportando elementos innovadores para el análisis de diferentes situaciones socio productivas y para el diseño y la implementación de acciones eficaces.
Existen (al menos) dos factores centrales para explicar por qué es necesario complementar las políticas públicas orientadas a facilitar y promover el acceso a los mercados con la necesaria articulación entre los distintos actores. Uno de ellos es la evidencia de que la creación de espacios de cooperación estimula la generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a consolidar y acelerar los procesos de desarrollo económico local. Segundo, las restricciones financieras asociadas a instituciones municipales más pequeñas que – en el caso de Chiloé- limitan la contratación de profesionales exclusivos para el desarrollo de acciones vinculadas al fomento productivo al margen de las políticas productivas.
Estas restricciones impulsan la incorporación de esquemas asociativos en los programas de fomento como una manera de responder a la necesidad de reducir las brechas operativas, y promover el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de sus oficinas (DEL y/o sus direcciones de desarrollo económico) y de la diversificación productiva generando apoyos transversales a los profesionales que trabajan esta línea para que sean ellos los que a escala local promuevan el desarrollo económico local aumentando sus posibilidades de acción y con ellos el número de beneficiarios, y sus efectos en el territorio.
Hasta la década del ochenta, se construían políticas fuertemente vinculadas al sector manufacturero. Más allá de los argumentos económicos contra esa concepción de la política industrial y de los cambios que se han producido en nuestro país a propósito de su ingreso acelerado a un contexto de globalización, de economías abiertas y de producción a gran escala, la oposición de los agentes políticos que propiciaron el modelo económico característico de la década siguiente consolidó un estereotipo que resaltaba el conflicto entre políticas desarrollistas versus políticas neoliberales (Pérez, 2005).
Los frágiles impactos obtenidos en términos de un desarrollo más equitativo y sostenible en el pasado reciente constituyen un llamado de alerta e invitan a diseñar políticas innovadoras que tengan en cuenta la complejidad del territorio, su heterogeneidad estructural y su dinámica económica y social. Las políticas de apoyo a la articulación productiva, al incorporar lecciones de experiencias que dejan de lado las visiones simplistas, han generado consenso aportando elementos innovadores para el análisis de diferentes situaciones socio productivas y para el diseño y la implementación de acciones eficaces.
Existen (al menos) dos factores centrales para explicar por qué es necesario complementar las políticas públicas orientadas a facilitar y promover el acceso a los mercados con la necesaria articulación entre los distintos actores. Uno de ellos es la evidencia de que la creación de espacios de cooperación estimula la generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a consolidar y acelerar los procesos de desarrollo económico local. Segundo, las restricciones financieras asociadas a instituciones municipales más pequeñas que – en el caso de Chiloé- limitan la contratación de profesionales exclusivos para el desarrollo de acciones vinculadas al fomento productivo al margen de las políticas productivas.
Estas restricciones impulsan la incorporación de esquemas asociativos en los programas de fomento como una manera de responder a la necesidad de reducir las brechas operativas, y promover el desarrollo económico local mediante el fortalecimiento de sus oficinas (DEL y/o sus direcciones de desarrollo económico) y de la diversificación productiva generando apoyos transversales a los profesionales que trabajan esta línea para que sean ellos los que a escala local promuevan el desarrollo económico local aumentando sus posibilidades de acción y con ellos el número de beneficiarios, y sus efectos en el territorio.
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